Alito Moreno, el mismo dirigente del PRI que hoy acusa censura, fue quien promovió un amparo para impedir que la gobernadora Layda Sansores difundiera nuevos audios, hiciera declaraciones o emitiera comentarios sobre él en el programa Martes del Jaguar. El recurso fue concedido por un juez federal en 2022 y posteriormente se ratificaron medidas para frenar la difusión de ese contenido.
La discusión pública es si existe una contradicción entre denunciar censura y, al mismo tiempo, haber recurrido a mecanismos legales para limitar expresiones dirigidas hacia su persona.
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